¿ Qué reivindicamos ?

 

 

Son muchas las personas y familias que, en momentos como el actual, dada la coyuntura económica y laboral, están viviendo situaciones de extrema necesidad ante la imposibilidad de generar ingresos económicos. La falta de trabajo (25% de paro) y la extinción de prestaciones por desempleo o los subsidios lleva a muchas familias a tener que recurrir a la Renta Mínima de Inserción (en adelante RMI) -último eslabón de la protección social  que, nuestro maltrecho Estado de Bienestar, ha arbitrado para cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía- dando protección, de manera precaria, a sus necesidades básicas. Pero, no haríamos un reflejo fiel de la realidad si no señaláramos que, la coyuntura económica en que nos encontramos, ha producido un incremento de familias beneficiarias de la RMI, un cambio en los perfiles en la ciudadanía solicitante y un mayor tiempo de permanencia en la prestación, al no poder satisfacer las necesidades básicas de la vida mediante el ejercicio de una actividad laboral o por la percepción de pensiones u otras prestaciones de los sistemas públicos de protección social. No podemos obviar tampoco que, en nuestro caso, el mayor Estado de Bienestar y sostén de las personas siguen siendo los familiares que, con sus esfuerzos y sus redes de solidaridad, evitan que personas solas y unidades familiares enteras se encuentren o caigan en situación de exclusión social.

 

En medio de esta situación y justo en el momento en que más se necesita un verdadero “rescate” por parte del Gobierno de nuestra Comunidad a su más valioso activo: las personas, la fuerza política en el gobierno utiliza la manida crisis económica como excusa para llevar a cabo recortes considerables en relación a los derechos sociales. En nuestra  Comunidad Autónoma, además de recortes en Sanidad y Educación, también se están llevando a cabo estrategias orientadas a acabar con el Sistema Público de Servicios Sociales y, en concreto, con derechos subjetivos como el derecho a contar con un mínimo vital (Renta Mínima de Inserción) generando una imagen distorsionada de las personas solicitantes de dicha prestación, sometiéndolos a mil y un procesos de probación de su situación de necesidad, sometiendo a las personas a un proceso burocrático que no tiene en cuenta sus circunstancias socio-económicas,  utilizando los medios de comunicación como medios de propaganda haciéndoles aparecer como “vagos y maleantes” que hacen mal uso de la prestación o engañan a la administración pública y llevando a cabo verdaderos esfuerzos para que, la situación real de las personas en exclusión social o riesgo de estarlo se haga invisible al resto de la sociedad.

 

Por todo ello, ciudadanos y ciudadanas, sensibilizados/as ante el actual proceso de deterioro y retroceso del derecho a un mínimo vital que nos garantice una vida digna MANIFESTAMOS que:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

 

 (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 25; ratificada por España en 1978)

 

1.- La ley 15/2001, de 27 de diciembre de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid en su Artículo 3 señala : “Finalidad. La renta mínima de inserción es una prestación que tiene por finalidad  satisfacer las necesidades contempladas en el articulo 142 del Código Civil”. Para poder hacer frente al sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación; la cuantía a percibir por una persona sola, perceptora de RMI, asciende en el año 2013 a 375.55 € mensuales. En el caso de que la unidad familiar esté compuesta por dos personas, esta cuantía se incrementará en 112.67 €, incrementándose 75,11 € en caso de 3ª persona y siguientes no pudiendo sobrepasar, en ningún caso, los 532.51 €, cuantía esta correspondiente al Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM).

 

            Pero, la cruda realidad es que, vivir en Madrid, tiene un precio muy superior a lo cubierto, actualmente, por la RMI. Según datos referidos al año 2013, los gastos aproximados a los que una persona tiene que hacer frente mensualmente en nuestra Comunidad Autónoma serían los siguientes:

 

Vivienda	Alquiler de piso entre 400 y 700 €    Alquiler de habitación entre 200 y 250€
Suministros	Aproximadamente 100 € mensuales (gas, agua y luz)
Compra	200 € mensuales.
Transporte	Mínimo Abono A 56 €.
Educación	400 € anuales por hijo (libros, comedor, uniformes, matrícula y material escolar)

 

Reivindicamos:

 

El derecho a un mínimo vital o prestación, orientada a cubrir los gastos reales y objetivos que aseguren a toda persona un estado de bienestar.

 

 

2.- El Decreto 147/2002, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid en su Artículo 38 señala: Resolución : “ En el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada del expediente en la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, el órgano administrativo competente de la indicada Consejería dictará resolución de concesión o denegación de la RMI, de la que se dará traslado al interesado. Este plazo quedara interrumpido cuando el procedimiento se paralice por causa imputable al solicitante. Trascurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud, sin perjuicio del deber que tiene la administración de dictar resolución expresa en el procedimiento”.

 

            Si bien el articulado del Reglamento deja bien claro que, en el plazo de tres meses desde la entrada del expediente en la Consejería correspondiente el órgano al que corresponda dictará resolución, lo cierto es que, a día de hoy: la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid está tardando una media de DOCE MESES en valorar el expediente y proceder a dictar la resolución oportuna.

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla es una muestra de lo que sucede en nuestra Comunidad Autónoma:

 

 

Año 2012
EXPEDIENTES INICIADOS	Nº	%
Concedidos	117	6,81
Denegados	97	5,65
Archivados	52	3,03
Extinguidos	1	0,06
Pendientes de documentación	73	4,25
Pendientes de valoración	1377	80,20
	1717	100

*Datos correspondientes al mes de Abril de 2013 pertenecientes a 5 Distritos de la ciudad de Madrid, publicados por el FORO SERVSOCIAL MADRID.

 

Reivindicamos:

 

El derecho al pago sin demora a partir de que se pruebe que los mínimos vitales no estén garantizados. Así como el cobro de la RMI con carácter retroactivo cuando el, no percibirla después de transcurridos tres meses desde su solicitud,  se deba a motivos directamente atribuibles a la Administración Pública y a la falta de celeridad en el procedimiento.

 

3.- La ley 15/2001, de 27 de diciembre de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid  modificada por la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas modifica el artículo 6.1.a y señala que: “Podrán percibir RMI, en las condiciones previstas en la presente Ley, las personas que cumplan los siguientes requisitos: a) Residir de manera permanente en la Comunidad de Madrid y estar empadronadas en alguno de sus Municipios. Para el reconocimiento de la prestación, será necesario tener una residencia efectiva y continuada en la Comunidad de Madrid durante el tiempo que se determine reglamentariamente, que no podrá ser inferior al año inmediatamente anterior a la formulación de la solicitud”

 

El requisito de “residir de manera permanente en la Comunidad de Madrid” se aleja de la realidad de una sociedad abierta que facilite la movilidad geográfica dentro del espacio europeo, especialmente importante en momentos en los que debido a la situación económica y de desempleo, facilitar dicha movilidad sin que se traduzca en una pérdida de acceso a derechos es una herramienta esencial para reactivar el empleo. Por otro lado, el requisito de empadronamiento provoca que, la persona o unidad familiar en situación de necesidad, tenga que dejar pasar un período mínimo de DOS AÑOS (uno, como poco, para justificar residencia vía empadronamiento y otro que se tarda en realizar la concesión o no de la RMI) propiciando con ello el paso a la exclusión social. Además, el no facilitar vías públicas de empadronamiento (Centros de Servicios Sociales, Centros de Acogida, etc) y si no tienes vivienda en propiedad o en alquiler, o las facturas están a tu nombre, hace que tu situación dependa de la “buena voluntad” de amigos o conocidos para que accedan a empadronarte en su domicilio y poder así ejercer el derecho a percibir la RMI. Esta situación coloca a muchas personas y familias en situación de vulnerabilidad pues, entre las prácticas extendidas, está el cobrar una cantidad no inferior a 50 euros para realizar dichos empadronamientos.  

 

Reivindicamos :

 

Que no se introduzca el término “residir de forma permanente” y se facilite el empadronamiento en Centros Públicos.

 

 

4.- La ley 15/2001, de 27 de diciembre de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid en su Disposición Adicional Primera señala que : “En el marco de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional podrá establecer convenios con otras Comunidades Autónomas para desarrollar el principio de reciprocidad que se recoge en el artículo 6 de esta Ley”. La realidad es que, a día de hoy, y tras 12 años de entrada en vigor de la Ley de RMI, aún no se ha firmado ningún tipo convenio alegando que, en los marcos legislativos de las otras Comunidades Autónomas no existe esta disposición lo cual cierra las puertas al ejercicio del principio de reciprocidad. La falta de voluntad política, en esta cuestión como en muchas otras, parece evidente cerrando las puertas a la integración laboral que favorecería la posibilidad de movilidad geográfica.

 

Reivindicamos:

 

Que se realicen las negociaciones oportunas para homogeneizar la prestación –tipo RMI- que en cada Comunidad Autónoma garantice el derecho a un mínimo vital, facilitando la movilidad geográfica y  laboral así como la generación de oportunidades para la integración social y laboral de la ciudadanía.

 

5.- La ley 15/2001, de 27 de diciembre de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid en su Artículo 6.e. dice que : “Podrán ser beneficiarias de la RMI, en las condiciones previstas en la presente Ley, las personas que cumplan los siguientes requisitos… e) Haber solicitado previamente de los organismos correspondientes las pensiones o prestaciones a que se refiere el articulo 4.1 cuando la persona solicitante titular o los miembros de su unidad de convivencia reúnan los requisitos para tener derecho a ellas.” Pero lo cierto es que, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en un intento de demorar el posible cobro de la RMI y tener que dictar resolución para la concesión o la denegación de la misma, está obligando a personas que solicitan la RMI y que NO REUNEN, POR EJEMPLO, LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SOLICITAR PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA, a tener que solicitar dicha pensión y esperar a la resolución negativa del órgano correspondiente para poder solicitar RMI.

 

 

Reivindicamos:

 

Que si la persona solicitante ya ha demostrado, aportando documentación que así lo acredite, que no reúne los requisitos de alguna prestación ( por ejemplo, por no llevar el tiempo de residencia suficiente) no se le exija un documento que acredite el no tener acceso a dicha prestación emitido, en muchas ocasiones, por la propia Consejería de Familia y Asuntos Sociales evitando  demoras innecesarias mientras se sufre una situación de extrema necesidad.

 

 

6.- La ley 15/2001, de 27 de diciembre de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid en su Artículo 28 dice: “Decaimiento de la suspensión: 1. Decaídas las causas que motivaron las suspensión del derecho a la percepción (...) y 2. En caso de mantenerse el derecho a la prestación, la misma se devengará a partir del primer día del mes siguiente en que se adopte la correspondiente resolución administrativa”. El principio de celeridad administrativa tendría que llevar a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales a que, decaídas las causas que motivaron la suspensión del derecho a percibir RMI, esta se devengara con premura. Pero lo cierto es que, en nuestro momento actual, la tardanza en adoptar esa resolución administrativa produce una dilación en el tiempo que lleva a que, desde que se comunica el decaimiento de la suspensión hasta que se vuelve a hacer efectivo el cobro de la RMI se está tardando entre CUATRO Y SIETE MESES pudiéndose producir situaciones tan dramáticas como quedarse, durante el período citado, sin ningún tipo ingresos teniendo un menor a cargo por haber trabajado mes y medio.

 

Reivindicamos:

 

La rápida resolución de estas situaciones para facilitar la inserción e integración laboral de las personas perceptoras.

 

7.- A través de la ORDEN 68/2013, de 28 de enero, por la que se encomienda a la Dirección General de Inmigración la realización de determinadas actuaciones de apoyo técnico y administrativo en materia de prestación económica de Renta Mínima de Inserción. Antes de la promulgación de dicha Orden, se llevó a cabo una revisión anual en el año 2012 sin haberse realizado ninguna encomienda de gestión, cediendo datos personales y sin tener en cuenta las situaciones de necesidad de las personas perceptoras de RMI en un proceso, cuanto menos, oscurantista. Con la citada Orden, las personas inmigrantes con permiso de residencia y que perciben RMI ven desplazada la valoración del cumplimiento de requisitos así como la propuesta de resolución  a los CEPIS donde son atendidas, la mayoría de las veces, por personal no cualificado, que desconoce la legislación y que convierte el proceso de valoración en una verdadera “caza de brujas”  teniendo que demostrar que se tiene la condición de “pobre merecedor” citando a las personas en Centros alejados de su domicilio con el consiguiente gasto económico para unas economías tan maltrechas y viéndose expuestos a entrevistas deshumanizadas y puramente burocráticas. Además, las revisiones anuales que se venían realizando a través de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria –cercanos a los ciudadanos y verdaderos conocedores de las situaciones particulares de todos y  cada una de las personas perceptoras- también se han  encomendado a estos centros lo que hace sospechar que la propia Consejería de Familia y Asuntos Sociales no se fía de los Trabajadores Sociales, profesionales de referencia y  acompañantes en los procesos de inclusión social de las personas perceptoras.

 

Reivindicamos:

 

Que la Comunidad de Madrid termine de hacer efectivo el principio de igualdad de la ciudadanía, evitando fragmentar el procedimiento ( valoración, concesión, seguimiento y revisión) centralizándolo en un solo órgano o nivel que, a nuestro entender, debe de recaer en los Servicios Sociales de Atención Social Primaria desde donde se lleva a cabo una verdadera  atención integral a las necesidades y aspiraciones sociales, con especial consideración de los aspectos de prevención, atención, promoción e inserción social de la ciudadanía.

 

 

 

8.- La ley 15/2001, de 27 de diciembre de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid en su Exposición de Motivos señala que “Los poderes públicos, a quienes corresponde constitucionalmente promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten dicha plenitud”. La realidad es que las personas perceptoras de RMI, para acceder a la asistencia sanitaria, se ven sometidos a la pérdida de la tarjeta sanitaria del sistema general, teniendo que solicitar, ante la Seguridad Social, un certificado que la acredite como “persona sin recursos” y que, además, deben renovar cada año con la generación del consiguiente estigma y daño a la dignidad de las personas.

 

Reivindicamos:

 

Que el derecho al acceso a la sanidad pública, universal y gratuita se vea reflejado en la expedición de una tarjeta única para todos/as los/as ciudadanos/as sin discriminación alguna derivadas de su situación económica ya que no somos personas sin recursos pues, recurso somos todas las personas y recursos tenemos todas las personas.